El PP merma la calidad democrática en Santa Brígida, escatimando la información que le pide  la oposición

Ando Sataute, ante las escasas respuestas del Grupo de Gobierno a la Oposición, presentó una “queja” , al Diputado del Común, institución que se interesó por el asunto, y solicitó información al Ayuntamiento.

La calidad democrática del grupo de gobierno de Santa Brígida, y en particular, de su líder y alcalde, Miguel J. Jorge Blanco es muy deficiente dado que juega con la oposición a su antojo, negándole información. Tampoco es extraño –como se puede contrastar en las grabaciones de las sesiones plenarias – escucharles presuponer cosas que tales grupos no han expresado o invisibilizarles sin contemplación. Ante estos hechos, que juzgamos graves, Ando Sataute  presentó una “queja” al Diputado del Común, institución que se interesó por el asunto, y solicitó información al Ayuntamiento.

El Pleno Municipal es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía y en él se acuerdan asuntos de interés para el futuro del municipio.  Las sesiones ordinarias se celebran cada dos meses y los grupos de la oposición proponen mociones, y formulan ruegos y preguntas.

Ando Sataute, desde una lógica constructiva en política municipal, suele llevar a cada sesión plenaria tres mociones, en tanto que propuestas para la mejora de algún aspecto de la vida comunitaria, ya en su vertiente medioambiental, económica, social o de otro tipo. Y cada concejal formula dos preguntas para conocer cuestiones de interés en el municipio, así como dos ruegos. Es nuestra forma de entender la política: solicitar información para conocer la marcha de proyectos que iniciamos en nuestro mandato o que han propuestos los/as actuales gobernantes (pocos, a decir verdad), y porque como oposición nos corresponden las tareas de control y fiscalización.

Pues bien, en los últimos tiempos (y a pesar de haberse subido dos veces su sueldo) los/as integrantes del grupo de gobierno  parece que llegan al final de los plenos extenuados/as después de sus respectivas jornadas de trabajo y ello ha sido motivo suficiente para no responder a los grupos de la oposición acerca de la información que legalmente se solicitaba, siendo la tónica habitual de la mayoría de concejales del grupo de gobierno, y el propio alcalde, durante  2020 y 2021. Las áreas más incumplidoras son urbanismo y alcaldía. Esta  forma de actuar se ha generalizado también en lo que va de 2022.

Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión pueden ser contestadas por su destinatario/a en la siguiente sesión plenaria, por lo que el plazo para dar respuesta realmente es de dos meses, y a nuestro grupo le parece que obviamente hay lugar para facilitar las respuestas, pero estas no acaban de llegar nunca.

Ante estos hechos, que juzgamos graves, Ando Sataute  remitió una “queja” al Diputado del Común, institución que se interesó por el asunto, y solicitó información al Ayuntamiento. En la respuesta dada por el Grupo de Gobierno se aprecia cómo se escudriña cada acta buscando la forma de retirarnos la razón o hacer una interpretación torticera de nuestras solicitudes de información. Lastimosamente, el alcalde, Miguel Jorge Blanco, que firma el escrito, expresa al cierre del mismo que la necesaria función de control no ha de convertirse en instrumento propagandístico, como sucedió en mandatos anteriores. Si bien resulta más lamentable que señale que es inadmisible que “la función de control se convierta en un entorpecimiento de la función ordinaria del Gobierno”. Semejante postura es difícilmente comprensible.

Sin embargo, a pesar de tal respuesta, el señor alcalde debió repensarse la trascendencia de esta queja puesto que en la sesión plenaria celebrada  el día 28 de julio de 2022, la mayoría de los/as concejales de la oposición obtuvo respuesta a sus preguntas, e incluso se atendieron algunos ruegos, gracias a una sorprendente dirección de batuta del mencionado alcalde para con su grupo de gobierno.    

No estaría de más recordarle  al Sr. Jorge Blanco que el derecho de acceso a la información es una clara manifestación del derecho constitucional consagrado por el art. 23 de la Constitución  relativo al derecho a la participación política, y el ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) señala que “los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.

Facilitar información es algo que nosotras/os cuidamos celosamente en nuestra legislatura porque nacimos de un movimiento ciudadano, y entendemos que otra forma de hacer política es posible.